En 1992 se aprobó en México la nueva Ley Forestal en la que la responsabilidad de la administración, conservación, protección y mejora de los bosques se transfería a los dueños y productores convirtiendo las responsabilidades estatales y federales del gobierno en lineamientos de normativa y de supervisión. En ese contexto, en el que se sacaba al Estado nación de la jugada y se dejaba a los dueños y productores en una situación en desventaja frente a las grandes multinacionales del negocio forestal, el BM lanzó el Procymaf, un proyecto en 1995 que tiene por objeto, "mejorar la gestión de los recursos naturales y la conservación por parte de comunidades y ejidos forestales, así como para incrementar los ingresos económicos generados por la explotación de recursos forestales." La meta, señala el BM es la de "fortalecer la capacidad de las comunidades y ejidos para manejar sus recursos forestales; fortalecer la capacidad del sector privado para proveer servicios forestales a las comunidades y ejidos; diseñar estrategias para promover productos forestales y no-forestales provenientes de bosques comunales y ejidales; y fortalecer las instituciones federales y estatales encargadas de la conservación de bosques y del desarrollo forestal en el país."

El programa piloto comenzó en Oaxaca para luego extenderse a Michoacán y Guerrero, y actualmente, bajo la figura del Procymaf II, se ha replicado en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco y Quinta Roo. A diferencia de su programa hermano, también del BM, sobre "Desarrollo Forestal" (Prodefor) y que, "apoya a los productores forestales sociales y privados ubicados en cualquier ecosistema", el Procymaf, "solamente apoya a comunidades y ejidos forestales que tengan bosques templados de pino y pino-encino, con excepción del componente que apoya a proyectos maderables no tradicionales y no maderables (Semarnat-Oaxaca, 2000: 82-84). Aunque ya se comienza a considerar ampliar su espectro operativo a bosques tropicales (BM, noviembre de 2000: 26).

El meollo del Procymaf radica no tanto en la preocupación sobre las condiciones de los bosques del país y de las comunidades que ahí habitan, sino en estimular y facilitar con esas últimas, el negocio privado forestal bajo esquemas de mercado. Como se sabe, México se coloca como el país del mundo que cuenta con la mayor extensión de tierra bajo propiedad comunal y ejidal y, dado que el grueso de las comunidades no se han desprendido de sus tierras a pesar de la reforma al Artículo 27 Constitucional que hizo el expresidente Salinas para posibilitar la privatización de los ejidos, la negociación directa con las comunidades resulta fundamental. Por ello, el Procymaf se ha enfocado a explorar los potenciales de negocio que se puede hacer entre la iniciativa privada y las comunidades ejidales tanto en productos forestales como no-forestales (incluye hongos, fibras, resinas, hule, chicle, orquídeas, agua embotellada, etcétera).

El "toque" verde del Procymaf es facilitado por el gran negocio de la certificación de madera. De ese modo, todo programa del proyecto ha de rentabilizar ganancias a la certificadora predilecta del Banco: la Rain Forest Alliance y su certificado "SmartWood". También se suma al negocio la certificadora Forest Stuwardship Council que "casualmente" tiene su sede en el país justo en Oaxaca, lugar donde nace el Procymaf. Esas certificadoras, quienes entre sus socios se ubican papeleras, fabricantes de muebles, etcétera, se han beneficiado de certificar, por lo menos, unas 400 mil hectáreas de 1995 a 2002 (según datos del BM).

Los socios "minoritarios" son las ONG que enganchan a los ejidatarios y comunidades forestales, en un marco de actores privados locales que negocian los recursos nacionales con el "aval" de los primeros y desde luego con el de los funcionarios gubernamentales domésticos. Los grandes socios, son las CMN que se favorecen de la intensificación de la venta de madera "certificada".

Ahora bien, las ONG enganchadoras, aunque son socios menores desde la perspectiva de lo que verdaderamente está en juego (el potencial negocio que se puede hacer con los recursos naturales de las tierras de propiedad ejidal), en el contexto del Procymaf tales ONG han sido de los actores más beneficiados ya que el grueso de los fondos han sido destinados para pagar "servicios ambientales" de asesoría y diseño de proyectos de explotación "sustentable" de recursos forestales y no-forestales. Una evaluación de consultores del BM realizada en el 2000 indica que, "?por mucho, los mayores beneficiarios directos tanto del Prodefor como del Procymaf han sido los proveedores de servicios técnicos. Los estudios, planes de manejo y actividades de gestión forestal son en general propuestas realizadas y supervisadas por técnicos que trabajan en el sector privado. Esta tendencia es más pronunciada en el caso del programa Prodefor en el que los proveedores de servicios técnicos son los que esencialmente promueven dicho programa. Un funcionario de Semarnap en Michoacán ha declarado que: 'todos sabemos que el Prodefor realmente no beneficia a los ejidos y comunidades, sino que son los técnicos los que están recibiendo beneficios económicos'."

Por su lado, el Procymaf, según la evaluación de una ONG de Oaxaca (cuyo nombre no se especifica en el reporte del BM), "ha estado fortaleciendo sólo a los ingenieros forestales y a las multinacionales del sector" el Procymaf está concentrando su atención en el manejo forestal y no el desarrollo social. Por lo tanto, el programa está lejos de hacer algo por el desarrollo de las comunidades, pero, como siempre ha sido el caso, ha favorecido a aquellos que compran madera en pie y ha asegurado la oferta de dicho recurso a la industria." No obstante, señala el BM, el aspecto social en el que avanza el Procymaf con respecto a otros programas (como el Prodefor) es, "el hecho de que las comunidades pueden seleccionar las compañías y/o individuos ha contratar por sus servicios técnicos lo que significa que pueden ser selectivos al tratar con aquellos que entienden sus necesidades y deseos (sic)."

Y es que lo que de fondo el Procymaf está haciendo es lanzar al mercado a "productores" con una cierta dimensión de tierras y grado de organización previa para la venta de sus recursos, sobre todo madera como una bulk commodity, "sin estimular la participación de las comunidades ejidales en la totalidad de la cadena productiva." Los actores que entonces retienen el grueso de las ganancias son "otros" que la certifican, procesan y exportan.

El asunto no termina ahí. Uno de los factores que más llaman la atención del Procymaf es su labor para hacer estudios minuciosos de las características sociales, económicas, políticas y culturales de las comunidades. Tal información es un asunto de seguridad nacional que además, visto desde la población, debe ser asumido como la elaboración de una base informativa que generalmente sirve para ejecutar de modo más efectivo cualquier represión por parte del Gobierno y sus cuerpos policiales, militares y paramilitares, o para preparar escenarios de enfrentamientos entre comunidades que sirvan para consolidar acciones violentas selectivas o incluso el uso del ejército "para controlar una situación fuera de control". Por ejemplo, el Banco busca "identificar los niveles de problemas de organización de las comunidades, los tipos de propiedad de las tierras forestales, la experiencia de las comunidades en el manejo y explotación forestal, grados y causas de posibles casos de deforestación, así como la situación general en términos sociales, económicos y políticos del sector forestal y de las formas de producción utilizadas."

Recientemente y siguiendo las indicaciones del BM puntualizadas en el Country Assistance Strategy 2002-2006 para México , el Gobierno del país puso en marcha a principios de 2004, la segunda fase del Procymaf (II); tal y como lo había calendarizado el BM en 2002 (véase más adelante). El programa que ahora cuenta con un financiamiento inicial de 28.9 millones de dólares pretende ampliar los "beneficios" del Procymaf I, está siendo promovido por diversas instancias nacionales relacionadas a la gestión de los recursos naturales como la Semarnat, pero particularmente por la Comisión Nacional de Forestas (Conafor) que se constituyó en abril de 2000, justo antes de que terminara el sexenio.

Las expectativas no pueden ser alentadoras pues programas como el Prodefor y el Procymaf están siendo replicados por toda América Latina con resultados que llegan a ser preocupantes. En Centro América se ha implementado desde el BM y la cooperación internacional Finlandesa, el Programa Regional Forestal (Procafor) desde el cual operan los proyectos para cada país de la región. En Honduras es implementado desde la Administración Forestal del Estado (Cohdefor) -similar a la Conafor de México- desde su programa de Manejo y Utilización de Coníferas en cerca del 68% de los bosques nacionales. El resultado, además de llevar el ritmo de deforestación nacional a un 0.7% anual, es esclarecedoramente bien sintetizado por el diputado Arnulfo Miralda Bueso: "da lástima que los diferentes gobiernos centrales coProntinúen nombrando madereros o personas ligadas con la explotación del bosque en la gerencia de la Cohdefor- Cuando aparece la Cohedefor también surge una cantidad masiva de pequeños industriales, justificando la demasiada población de bosque joven- lo único que buscan los beneficiados es la instalación de palilleras (aserraderos) a diestra y siniestra amparados en las recomendaciones políticas?En el municipio de Campamento hay más palilleras que casa habitación; lo extraño es que cada una de ellas goza de un permiso del Estado de Honduras a través de la Cohedefor."

¿Será ese el rumbo de la Conafor y los programas que ha adoptado como el Prodefor y el Procymaf?

* Autor de "Biodiversidad, Desarrollo Sustentable
y Militarización" (Plaza y Valdes/Ceiich-Unam, 2004).

1 - Economista mexicano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con grado de magíster en Economía Ecológica y Gestión Ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona.
2 - BM, World Bank Appraisal Report. 21 de enero de 1997.
3 - BM, "Mid-term evaluation of the Mexico Community Forestry Project". Latin American and the Caribbean Sector Unit. Washington. Noviembre, 2000.
4 - BM, noviembre de 2000. Op cit: 5.
5 - BM, noviembre de 2000: 8.
6 - Ibidem.
7 - Afirmación de un técnico privado entrevistado por consultores del Banco en la evaluación intermedia del Proyecto. Véase BM, noviembre de 2000. Op cit: 7.
8 - BM, noviembre de 2000: 19-20. El subrayado es nuestro.
9 - BM, Country Assistance Strategy. Reporte No. 23849-ME. Washington. 19 de abril de 2002.
10 - Andino, Leonarda. "El bosque hondureño se deforesta en un 0.7% anual, un porcentaje muy alto." El Heraldo, Honduras. 12 de marzo de 2002.