Mientras millones de espectadores observaban a través de las pantallas de televisión cómo se derrumbaba el World Trade Center, un buen número era consciente de que más allá de las famosas Torres Gemelas se caía también la percepción histórica sobre el sofisticado aparato de seguridad de la única súper potencia de nuestros días.

El impacto de los atentados del 11 de septiembre no se hizo esperar. Cuantiosas inversiones se destinaron a realizar mecanismos de seguridad mucho más seguros en fronteras y medios de transporte. El tema de la seguridad se convirtió en el centro de la agenda pública.

Frente a esta situación de terror generalizado comenzamos a observar acciones desesperadas y sobre todo autoritarias de algunos países; el discurso se tornaba cada vez más acusatorio y persecutorio. Para el investigador Ignacio Cano, las altas tasas de violencia y criminalidad de Latinoamérica, las luchas emprendidas por diversos grupos o conglomerados sociales y el avanzado movimiento de los pueblos indígenas se convierten en factores que nos permiten entender por qué la opinión pública estadounidense, al igual que el gobierno de Bush, identifiquen a los países latinoamericanos con focos de terrorismo o posible terrorismo.

Las intensas campañas mediáticas llevadas a cabo en medios masivos de comunicación han provocado en algunos sectores de la sociedad latinoamericana y en el peor de los casos, en determinados espacios gubernamentales, el aval en acciones que vulneran los derechos humanos, permitiendo por acción u omisión prácticas como la tortura, la violencia policial, la militarización y, en países como México, la discusión sobre la legitimidad de las luchas campesinas y los movimientos de los Pueblos Indígenas se observan como un serio peligro para la seguridad nacional.

El riesgo que se corre es que se considere el derecho internacional humanitario y los derechos humanos como prerrogativas, marcos jurídicos, que únicamente tienen sentido de existir en los llamados países "avanzados", que no tienen el lastre de la violencia social y la presencia de Pueblos Indígenas que ponen en peligro la estabilidad nacional, la seguridad de los países y la vida armoniosa que sustenta el consabido Estado de Derecho.

A este respecto, Jesús Q. Alemancia, del Centro de Estudios y Acción Social Panameño, realiza una reflexión interesante de cómo los gobiernos integrados al fenómeno de la globalización conceptualizan como un peligro la seguridad no sólo nacional sino hemisférica. El gobierno de Estados Unidos, a través de su Consejo Nacional de Inteligencia, organismo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), hizo pública su posición ante este fenómeno, en su informe "Tendencias Globales 2015". En dicho documento, la CIA considera que América Latina tiene un reto que enfrentar y éste no es más que los movimientos indígenas de resistencia. El resultado del análisis realizado en el documento es que "Tales movimientos se incrementarán, facilitados por redes transnacionales de activistas de derechos indígenas, apoyados por grupos internacionales de derechos humanos y ecologistas bien financiados", y agrega, "las tensiones se intensificarán en un área desde México a través de la región del Amazonas...".

Ante estas posiciones es claro observar que las perspectivas para los derechos humanos no son favorables.

Como un dato adicional podemos señalar el balance realizado por el Centro de Estudios e Investigaciones Militares de las Fuerzas Armadas de Chile, que en 1999 sacaba a la luz el documento "El conflicto Mapuche y su Impacto en la Seguridad Nacional". Las conclusiones del informe son contundentes: los mapuches son un problema de seguridad porque en "primer lugar, afectan el orden interno y la tranquilidad pública del país, a través de diversos llamados que los dirigentes del movimiento han efectuado a transgredir el ordenamiento jurídico. En segundo término, porque durante su desarrollo se ha pretendido no sólo limitar sino también vulnerar el derecho de propiedad consagrado por la Constitución. En tercer lugar, porque han existido claras manifestaciones de extrapolar el conflicto local al plano nacional, incluso con la participación de elementos foráneos, como son los voluntarios internacionales y organismos extranjeros que tienen interés en la reivindicación de minorías a lo largo del orbe".

La historia reciente del movimiento indígena continental, y su alto nivel de incidencia en la opinión pública internacional, ha despertado un sin número de posiciones alarmistas que pretenden impedir el desarrollo de estas luchas, en especial durante la última década del siglo XX (el levantamiento armado zapatista en Chiapas, las grandes movilizaciones indígenas en Ecuador, los procesos políticos abiertos por los indígenas en Colombia en medio de una guerra interna, los conflictos por recursos naturales en la costa atlántica de Nicaragua, la resistencia aymara en Bolivia frente a la política antidrogas del presidente Banzer).

El Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha-París ha constatado la sistemática violencia y represión contra los Pueblos Indígenas de varias regiones de México. La lucha de los Pueblos Indígenas mexicanos por la autonomía se ha convertido en un conflicto de ámbitos legales, positividad de derechos, sistemas normativos propios y legitimidad. Para estos Pueblos la autonomía constituye un proyecto histórico, una expresión de resistencia, hacer valer sus propias decisiones a partir de una organización propia, basada en su cosmovisión.

Sin embargo, la construcción de la autonomía se enfrenta en México a las políticas neoliberales impulsadas por el propio Gobierno Federal y de las entidades federativas, quienes imponen a los pueblos, violando el derecho a ser consultados como lo estipula el Convenio 169 de la OIT, proyectos como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, así como nuevos megaproyectos como el Plan Puebla-Panamá (PPP) y el del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Estos proyectos representan para los pueblos de México una verdadera oleada de saqueo y destrucción de los recursos naturales, la violación constante de sus derechos socio-culturales, bloqueando así cualquier tipo de organización autónoma.

Frente a estas situaciones y la complejidad del tejido social y sus dinámicas es necesario que los programas y proyectos de seguridad hemisférica entre los Estados y los ciudadanos estén sustentados en el goce de los derechos humanos. Para los Pueblos Indígenas se convierte en prioridad el reconocimiento de sus derechos colectivos en normas internacionales, así como en las Constituciones de los países, los cuales prevean leyes reglamentarias o instrumentales que garanticen su efectiva aplicabilidad.

Para ello es muy importante la participación de la Sociedad Civil. La Coalición Internacional de Organismos de Derechos Humanos es un espacio de articulación de organizaciones civiles, principalmente del continente americano, que en un primer momento trabajamos con el objetivo de fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A través de este trabajo específico, se fueron ampliando los ámbitos de incidencia de las organizaciones, pues el tema de la garantía y defensa de los derechos humanos se fue ampliando a otros espacios de la propia OEA.

Es de suma importancia que en el proceso de construcción del nuevo concepto de seguridad, la participación de la sociedad civil en su conjunto sea un elemento fundamental, aportando las experiencias acumuladas en otros espacios de participación, las cuales es necesario implementar para poder tener un claro nivel de incidencia en los temas que como sociedad nos afectan.

* Abogado y escritor - Miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C - Agencia de Información Solidaria

Revisión: Colaboración de Tania Fernández Pino para EcoPortal.